El titular del sector, Iván Lima, precisó que la emisión de dicho decreto por parte de la expresidenta de facto permitió a las Fuerzas Armadas masacrar tras el golpe de Estado propinado al entonces presidente Evo Morales, de acuerdo con entrevista a La Razón Radio, citada por el rotativo.
Lima acotó que ahora hay un caso que está siendo investigado en la vía ordinaria contra policías y actores que no tienen privilegios constitucionales, y hay juicios abiertos, pero plantearán una proposición acusatoria solo contra Añez por la causa mencionada.
Entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, los uniformados se enfrentaron contra pobladores de las ciudades Senkata (El Alto), Sacaba, Huayllani (Cochabamba), Pedregal (La Paz), Montero (Santa Cruz) y Potosí, que rechazaron el golpe de Estado contra Morales, con un saldo de al menos 40 civiles muertos.
Parte del decreto firmado por Áñez expresaba que ‘las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del uso de la Fuerza aprobado, pudiendo utilizar todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos’.
Dicha responsabilidad de la exgobernante la conocerá el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de forma que la señalada pueda responder por las muertes y los heridos durante esos días, informó el periódico.
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