Según el Decreto 1-2022, aún están presentes en ambos municipios «las causas que originaron la declaratoria para mantener el orden constitucional, la seguridad del Estado y recuperar la gobernabilidad», de ahí la decisión de extenderlo por un mes más.
La medida irá al Congreso para su aprobación, improbación o modificación, como ocurrió el 21 de diciembre, cuando 88 diputados de 160 dieron su visto bueno, no sin antes expresar que el uso de la fuerza no puede ser el método para resolver este tipo de diferendo.
El presidente Alejandro Giammattei encabeza desde el 11 de enero las mesas de diálogo en el territorio como parte de las acciones para solucionar la conflictividad histórica.
A juicio del Jefe de Estado, ayer se dio otro paso de avance con la firma de un acuerdo por parte de ambos alcaldes para iniciar los estudios de límites territoriales por parte del Registro de Información Catastral, el cual hará un diagnóstico, además, de una finca ubicada en las aldeas Chiquisis (Ixtahuacán) y Pachutiquim (Nahualá), en el centro de la pugna.
Desde diciembre del pasado año, la escalada de violencia en la zona provocó la muerte de 14 personas, entre ellas, varias mujeres, niños y dos policías, el último durante una emboscada en el transcurso de allanamientos junto a fuerzas del Ministerio Público para encontrar los culpables de la masacre del 17 de diciembre.
Y si bien el añejo diferendo está en el trasfondo de los problemas acumulados por la falta de presencia del Estado, en esta nueva oleada de víctimas la Policía Nacional Civil reconoció que en la zona operan grupos dedicados al tráfico de armas, contrabando, lavado de dinero y de personas.
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