El embajador emérito hondureño Carlos López reconoció la significación del acuerdo firmado por los mandatarios Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández y aclaró que el documento responde a la ejecución de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1992.
Según el diplomático, el dictamen tiene un carácter definitivo e inapelable, y aludió a la desestimación, por falta de pruebas, de la solicitud de revisión presentada por El Salvador en 2002 ante La Haya y el desconocimiento de ese país al convenio fronterizo.
López, miembro de la representación hondureña en las negociaciones de firma del reciente Tratado Integracionista del Bicentenario, explicó que la sentencia del 11 de septiembre de 1992 dirimió todas las cuestiones referidas a los límites terrestres, insulares y marítimos entre las tres naciones.
Durante una intervención en la Asamblea Nacional de Nicaragua, el agente ante la CIJ, doctor Carlos Argüello, puntualizó los beneficios del pacto, especialmente, las delimitaciones en el Caribe y el Océano Pacífico, y las aclaraciones respecto a las disputas sobre el tema desde 1986.
En el decreto, las partes involucradas invitan a El Salvador a mantener al Golfo de Fonseca como una Zona de Paz, Desarrollo Sostenible y Seguridad y tras su ratificación en ambos órganos legislativos resta la gestión de su registro en la Organización de Naciones Unidas
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