“Ni Amal ni sus abogados o familiares fueron informados de los motivos de su arresto y detención”, señalaron en un comunicado conjunto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El texto recuerda que el adolescente, detenido en enero del pasado año y que cumplió 18 años hace unos días, padece una enfermedad neuromuscular que requiere tratamiento y seguimiento médico continuo.
En 2020 le extirparon un tumor de pulmón y sufre de miastenia grave, un trastorno nervioso que causa fatiga muscular severa.
Pedimos la liberación inmediata e incondicional de Amal (esperanza, en árabe) de acuerdo con el derecho internacional, recalcaron esas instituciones.
Recordaron que la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Israel es signatario, exige que los menores encarcelados tengan acceso a la asistencia jurídica y a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal.
Destacaron que ese caso no es único, pues al menos otros tres palestinos fueron recluidos bajo la política de detención administrativa con menos de 18 años.
Mi hijo requiere visitas regulares al hospital para hacerse pruebas y necesita un ambiente tranquilo, afirmó recientemente su padre, Moammar Nakhleh ante un tribunal israelí.
Criticada por la ONU y grupos de derechos humanos, la llamada detención administrativa es utilizada por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos palestinos encarcelados bajo esa política inician huelgas de hambre indefinida para denunciar su caso y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
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