La DPU pide que se impida al ministro de Justicia, André Mendonça, establecer investigaciones basadas en manifestaciones de adversarios políticos contra Bolsonaro.
Mientras, los juristas insisten en que se ponga fin a las indagaciones y comiencen procedimientos penales, basados en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), contra las personas que critican la actuación del mandatario en la lucha contra la pandemia de Covid-19.
La defensoría envió al STF dos habeas corpus en busca de un salvoconducto para evitar que las declaraciones en relación con el gobernante generen la apertura de causas.
En tanto, los legistas solicitan al STF que se ordene a la policía de los estados no restringir las protestas contra el jefe de Estado.
La Delegación de Represión de Crímenes Informáticos de Río de Janeiro citó el lunes al youtuber Felipe Neto para esclarecer un presunto delito contemplado en la LSN.
Tal denuncia afloró después que Neto llamara genocida a Bolsonaro, como crítica a la irresponsable gestión del Gobierno federal en el combate contra la pandemia.
La víspera, un grupo de manifestantes fue detenido por la Policía Militar del Distrito Federal por extender una pancarta en la capitalina Plaza de los Tres Poderes contra el presidente, a quien también califican de genocida.
‘Siempre es bueno recordar que en un Estado de Derecho democrático la libertad de expresión es un derecho fundamental y, como tal, debe garantizarse su ejercicio, aunque vaya en contra de los intereses de los gobernantes de turno’, argumentaron loa abogados demandantes.
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