El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificaron que en el caso de Colombia el hambre ganaría terreno debido a la inestabilidad política, el impacto de la pandemia de la Covid-19, la crisis migratoria regional y el desplazamiento interno.
De acuerdo con el estudio de necesidades humanitarias de 2022, unos 7,3 millones de colombianos precisarán asistencia alimentaria este año, a los que se suman personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.
El PMA y la FAO señalaron que la pandemia amplificó la desigualdad y apuntaron que el alto nivel de la inflación afectará aun más el poder de compra de los hogares pobres, y alertaron que el acceso de la asistencia humanitaria a Colombia es muy restringido y empeorará en las zonas afectadas por el conflicto.
En el caso de Honduras destacaron como las dos principales causas del empeoramiento de la inseguridad alimentaria a la prolongada sequía y la crisis derivada de la pandemia, sobre todo en el Corredor Seco del país.
Ante esa situación esas dos agencias recomendaron ampliar la cobertura y calidad de los programas nacionales de alimentación escolar, brindar respaldo de emergencia a las poblaciones más vulnerables para que reparen sus medios de subsistencia y produzcan alimentos, impulsar los mercados locales y ampliar la duración de la ayuda con comdia y las transferencias de efectivo.
En Haití la crisis económica, la sucesión de cosechas por debajo de lo normal, la inestabilidad sociopolítica y la violencia de las pandillas exacerbarán los de por sí alarmantes niveles de hambre, especialmente en los departamentos del sur.
Según cifras de la ONU, al inicio de febrero de 2022, unos 4,3 millones de personas requerirán asistencia alimentaria urgente y de marzo a junio el horizonte se agravará para alcanzar los 4,6 millones de haitianos en esas condiciones.
La depreciación de la divisa haitiana y el alza de los combustibles y las materias primas erosionarán más el poder adquisitivo de las familias, cuya canasta básica cuesta un 40 por ciento más que hace un año por el aumento de los precios de los productos importados como el aceite vegetal, la harina de maíz y el trigo.
La FAO y el PMA recomiendan distribuir alimentos e implementar transferencias de efectivo e insumos para la agricultura y el ganado a las familias más necesitadas, rehabilitar las infraestructuras agrícolas comunitarias afectadas por el terremoto, incluidas las áreas de almacenamiento de semillas, captación de agua y sistemas de riego.
En general, la prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se encuentra en 9,1 por ciento y es la más alta de los últimos 15 años, aunque está por debajo del promedio mundial de 9,9 por ciento.
Si bien la pandemia de la Covid-19 agravó la situación, cabe destacar que el lastre avanza desde 2014, por lo que los países deben tomar medidas con carácter de emergencia.
Fuera de la región, el informe de las agencias de la ONU señala que Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen permanecen en el nivel más alto de alerta, mientras que Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Siria se consideran países preocupantes.
En esas naciones ya hay muchas personas pasando hambre y se prevé que las condiciones se deterioren de aquí a mayo. El Sahel, como región, entra en esta categoría.
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