Después de que el viernes último el presidente Alberto Fernández anunciara finalmente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para refinanciar la deuda pendiente con ese organismo financiero, muchas son las expectativas entre los legisladores.
Éstos hasta el 28 de febrero deberán debatir las propuestas giradas por el Ejecutivo para su debate.
Desde mañana y hasta el último día de febrero, previo a un nuevo ciclo de sesiones legislativas, ambas cámaras tendrán una ardua tarea por delante con varios temas pendientes y otros que probablemente se sumen, tras el anuncio de Fernández de enviar al Poder Legislativo lo acordado con el FMI para su aprobación.
Al respecto, el mandatario afirmó que pondrá a consideración del Congreso el acuerdo y apeló al compromiso nacional de todos.
Al hacer oficial el pedido de sesiones extraordinarias, el Gobierno había propuesto 18 temas, entre los que se encuentran la reforma de la composición del Consejo de la Magistratura y el aval al Consenso Fiscal 2022 firmado entre el Poder Ejecutivo y la mayoría de los gobernadores.
De acuerdo con el portal El Parlamentario, ambas cámaras deberán abocarse en los próximos días a rearmar las comisiones de trabajo cuyas integraciones caducaron con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre.
Entre los proyectos sobre el tapete lo que refiere al Consenso Fiscal, se espera que haya pronto consenso tras el respaldo de los gobiernos opositores de las provincias de Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Misiones y Rio Negro.
En la amplia agenda parlamentaria estará, además, la discusión del proyecto que crea el Parque y Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce, en la provincia de Córdoba, y uno similar en el Parque y Reserva Nacional Islote Lobos, en Río Negro.
Los legisladores deberán abordar también la propuesta de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis y la de Promoción de la Electromovilidad.
Otro de los pendientes serán los estatutos para establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis (marihuana), sus semillas y productos derivados para uso industrial o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.
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