En una entrevista reciente el ahora depuesto diplomático criticó a las autoridades de su país por la disputa con Praga relativa al funcionamiento del yacimiento que ocupa un área de más de 25 kilómetros cuadrados.
El Gobierno vecino se opone a la ampliación de la mina debido a la consecuente disminución el nivel de las aguas subterráneas.
Tal situación causaría desabastecimiento a las localidades próximas e impactaría en el medio ambiente, según el ejecutivo checo.
En mayo pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó a Polonia suspender las operaciones de la mina hasta resolver el litigio.
Más tarde, en septiembre, el ente comunitario impuso una multa al gobierno de Varsovia ascendente a 500 mil euros a erogar de forma diaria hasta que cesen los trabajos en la polémica mina de carbón.
Pero hasta Polonia se niega a cumplir el dictamen del tribunal comunitario.
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