Sus 15 miembros elaborarán, además, una tabla de gradación con el fin de garantizar una evaluación lo más objetiva posible, pues la ley establece ciertos parámetros, pero muy generales.
Ya en un primer intercambio, el lunes pasado, se definieron el cronograma de trabajo, la modalidad y sede de los encuentros (sala de vistas del Organismo Judicial) y designaron al secretario y secretario adjunto.
Los comisionados acordaron que, del 9 al 21 de febrero, los aspirantes a dirigir el Ministerio Público (MP) podrán presentar su hoja de vida, y decidieron por mayoría revisar los expedientes de forma conjunta y no por grupos.
Otras fechas clave en este proceso dadas a conocer fueron solicitud de currículo vitae de los interesados (del 11 al 21 de febrero), examen de expedientes (22, 24 y 25 de febrero), publicación del listado de participantes que reunieron los requisitos (14 de marzo) y evaluación final y ponderación (del 6 al 8 de abril). Por último, el 18 de abril presentarán la nómina con las mejores seis propuestas al presidente Alejandro Giammattei, quien tendrá en sus manos la elección del futuro fiscal general y jefe del MP, quien asumirá el cargo el 17 de mayo por cuatro años.
Con tan corto tiempo para el trabajo de la Postuladora, organizaciones de la sociedad civil llamaron a la población a estar muy atenta a todos los pasos y verificar que se realicen apegado al derecho, de forma transparente y con rendición de cuentas.
La Comisión la dirige la magistrada Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), junto a los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas de las 12 universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y del Tribunal de Honor de esa entidad.
En la primera reunión, el abogado constitucionalista Ramón Cadena entregó un memorial en el que solicita, junto a otros ciudadanos, que Valdés se inhiba de integrar la Postuladora debido a un eventual conflicto de interés debido a su implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Por este expediente la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó entonces el retiro de inmunidad de la también presidenta del Organismo Judicial y de otros magistrados de la CSJ por manipulación de las elecciones de las altas cortes en 2019, según consta en el expediente.
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