Trece mil 288 fue la cifra exacta, unas cinco mil 934 correspondieron al departamento Guatemala, lo cual representa un 45 por ciento.
Otros departamentos con mayor incidencia en este delito son Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Sacatepéquez.
Sin embargo, la estadística podría triplicarse, pues la realidad es que de tres víctimas, solo una acciona legalmente, advirtió Walter Menchú, experto en temas de seguridad ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales en declaraciones al periódico Prensa Libre.
A juicio de Menchú, en esa conducta influye a veces la ausencia de pruebas acusatorias y sobre todo miedo a las represalias, de ahí la necesidad de que las autoridades generen mayor confianza en la población.
La extorsión es más riesgosa, abundó, si está asociada a un control territorial de un grupo criminal, o pandilla, en donde las personas se acercan directamente y entregan un teléfono o bien contra un negocio local o empresas de transporte.
Para Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, es necesaria una estrategia de comunicación fuerte, sobre todo en las localidades donde está presente el flagelo.
No solo basta el resguardo de identificación de la víctima, sino también los resultados, la captura de los sujetos para enfrentar la justicia, argumentó.
Además, deben implementarse a la mayor brevedad mecanismos de investigación criminal y evitar exponer a las personas a rendir testimonio en los tribunales, sugirió Escobar.
Durante 2020, el índice de delitos bajó considerablemente debido a las medidas de restricción tomadas para controlar la pandemia de la Covid-19, pero con la apertura paulatina del país, las extorsiones volvieron a dispararse y es raro no ver hechos de este tipo a diario en las portadas de periódicos.
Una gran mayoría salen de las propias cárceles y tienen como blanco principal negocios, conductores del transporte público, recogedores de basura y repartidores de comida, entre otros.
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