La compañía antes conocida como British Petroleum reportó este martes que se trata de la ganancia más alta obtenida en los últimos ocho años, y admitió que un tercio de esa cifra provino de los altos precios que alcanzó el petróleo y el gas en el último trimestre del 2021.
Al reaccionar a la noticia, la rama británica del grupo ecologista Greenpeace afirmó que tales beneficios son una ´bofetada´ para los millones de personas que en Reino Unido se enfrentan a un alza del 54 por ciento de la factura de electricidad y gas a partir de abril.
De acuerdo con Kate Blagojevic, directora para el clima de Greenpeace UK, tanto BP como Shell, el otro gigante petrolero que la semana pasada anunció ganancias de 19 mil millones de dólares, se embolsaron sumas millonarias a expensas de la crisis energética que padece el mundo.
Las leyes vigentes en Reino Unido establecen que las compañías deben pagar un impuesto del 40 por ciento sobre los beneficios netos procedentes de las extracciones de gas y petróleo en el Mar del Norte, pero según el grupo ambientalista, ese es uno de los regímenes impositivos más bajos del mundo.
Tras el anuncio de BP, Greenpeace UK, el diputado laborista Ed Miliband y el líder del partido Liberal Demócrata, Ed Davey, reiteraron sus llamados al gobierno para que aplique un gravamen adicional sobre esas ganancias extraordinarias, y utilizar el dinero que se recaude para ayudar a pagar el incremento de la factura eléctrica.
Los directivos de BP admitieron que la crisis energética fue una máquina de dinero en efectivo para ellos, pero quienes aportaron ese dinero fueron los británicos que tuvieron que pagar precios más altos por el servicio, dijo Miliband.
Davey consideró, por su parte, que es injusto que esas empresas obtengan ganancias enormes mientras la gente tiene miedo de encender la calefacción.
El regulador público de la energía en Reino Unido confirmó la semana pasada que a partir del 1 de abril la tarifa de electricidad y gas de los hogares británicos aumentará en un 54 por ciento anual, por lo que al menos 22 millones de familias tendrán que pagar 693 libras esterlinas (940 dólares) más cada año por ese servicio.
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