La lista de entidades señaladas incluye el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, PEN Internacional-Nicaragua, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Centro de Promoción de la Juventud e Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la medida, aplicada también a la Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz, responde a la ausencia de informes financieros de esas instituciones, conforme a los períodos fiscales y desgloses detallados.
Sumado a ello, las juntas directivas están acéfalas y carecen de reporte de donaciones previas procedentes del exterior, cuestiones que obstaculizan el control y vigilancia por el Departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro para la regulación de los organismos de ese tipo.
Una vez aprobado el decreto de anulación en el Parlamento de la nación centroamericana, el Ministerio de Gobernación procederá a la implementación de lo acordado respecto a cada una de las seis asociaciones, en un plazo no mayor a 72 horas.
Posteriormente, los representantes legales deberán entregar los libros de ley, cuños y demás documentos solicitados y en relación a los bienes, si no aparece previamente determinado su destino ante posible liquidación, pasarán a ser propiedad estatal, conforme a lo dispuesto en la ley.
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