El magistrado Luiz Antonio Bonat, del decimotercer Tribunal Penal Federal de la sureña ciudad de Curitiba, envió el 16 de marzo dos procesos contra Lula para la Justicia Federal del DF, pero conservó la prohibición de acceder a los patrimonios del exdirigente obrero.
La remisión de causas para Brasilia obedeció al fallo del ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), quien anuló las condenas de Lula y restableció sus derechos políticos.
Sin embargo, el sucesor del exjuez Sérgio Moro mantuvo el bloqueo de las propiedades del exlíder metalúrgico bajo el argumento de que Fachin invalidó solo sentencias relacionadas con acciones penales.
Al respecto aparecen las causas por el apartamento triplex de Guarujá, la finca Atibaia y donaciones al Instituto Lula.
Los abogados defensores del fundador del Partido de los Trabajadores presentaron una solicitud de amparo para anular la medida de Bonat.
Argumentan que no podía mantener los bloqueos, pues el Supremo estableció la incompetencia de la Justicia de Paraná para enjuiciar al exgobernante.
También requieren que todos los procesos de acceso a los actos punibles sean enviados al DF.
El 19 de marzo, Fachin solicitó información a la magistratura de Curitiba y determinó que los expedientes sean enviados a la Procuraduría General de la República para su manifestación antes del dictamen sobre el amparo.
Tal anulación de condenas atendió la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa de Lula el 3 de noviembre.
Con el veredicto del STF, los procesos serán entregados y analizados por otra autoridad judicial en el DF que decidirá sobre la validez de sus movimientos.
Además, en el recurso de habeas corpus, Fachin anuló la recepción de los cargos presentados por el Ministerio Público Federal contra el exjefe de Estado.
De esta manera, el nuevo juez analizará si el expresidente debe ser juzgado por los casos.
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