De esta forma, se renovó esa mandato hasta marzo del próximo año, cuando este organismo de 15 miembros volverá a analizar el tema y si hay alguna evolución.
Las autoridades de la ONU sostienen que las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad ahora son más selectivas y están diseñadas para limitar las consecuencias humanitarias no deseadas.
Actualmente, están vigentes 14 regímenes de sanciones que cuentan con el visto bueno del organismo multilateral y afectan a países como Libia, Yemen, Mali, Somalia y Sudán.
Precisamente el panorama en este último territorio genera gran preocupación entre la comunidad internacional debido al clima de violencia que persiste allí, tras la ruptura del orden constitucional.
Según informó la víspera el portavoz del máximo representante de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, en Sudán ya concluyó la primera fase de las consultas facilitadas por el organismo multilateral para avanzar en un proceso político.
Esta primera etapa comenzó el 8 de enero pasado y reunió a una variedad de sectores, incluida la sociedad civil, grupos de derechos de las mujeres, partidos políticos, académicos, periodistas y otros, señaló el vocero.
Sudán vive una crisis política desde el derrocamiento en abril de 2019 del entonces presidente Omar al Bashir.
Tras el golpe de Estado militar de octubre pasado, en esa nación gobierna un Consejo Soberano de Transición, encabezado por general Abdel Fattah al Burhan. Esa es considerada la máxima instancia hasta la celebración de elecciones, probablemente en 2023.
Pero miles de personas exigen la vuelta de un Ejecutivo civil en Sudán, que se restaure la Constitución y se liberen los presos políticos detenidos. Asimismo, fuentes humanitarias advierten de una acentuada crisis económica con elevada inflación en ese territorio africano, escasez de alimentos y altos precios de los combustibles y medicamentos.
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