El texto prevé, entre otros puntos, la inclusión en el Código Penal de un delito específico de fraude en las transacciones con moneda virtual.
También expresa necesidad de prevenir el blanqueo de capitales, ocultamiento de bienes, derechos y valores, combatir actividades de las organizaciones criminales y la financiación del terrorismo, entre otros flagelos, conforme a estándares internacionales.
El proyecto incluye en el Código Penal la previsión como delito, con pena de prisión de cuatro a ocho años y multa, de estafa en la prestación de servicios de activos virtuales
Ahora pasará directamente a la Cámara de Diputados y si se aprueba en esa instancia pasaría a ser sancionada por el presidente.
El documento ya define qué instituciones autorizadas a funcionar por el Banco Central podrán prestar exclusivamente ese servicio de criptomonedas o acumularlo con otras actividades.
Una de las novedades en este marco regulatorio es la admisión del propio Banco Central como institución autorizada para acreditar a entes intermediarios en la venta de criptoactivos.
Este es uno de los elementos importantes para garantizar la seguridad y credibilidad del mecanismo de inversión, según reportó el diario O Globo.
Las empresas que ya operan en este mercado tendrán hasta seis meses para adaptarse a las reglas luego de la promulgación de la ley.
mem/dla
