Destacados referentes de distintas organizaciones y colectivos sociales, de la ciencia, el deporte y la cultura plasmaron su apoyo afirmativo en una presentación oficial de campaña en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
La vocera del Partido Socialista, Isabel Jorge, resaltó la importancia del acto para toda la ciudadanía como demostración de que esa ley afecta a personas de todos los ámbitos.
El senador del Frente Amplio de Uruguay, Oscar Andrade, llamó a votar Sí por un mejor país para vivir y otra forma de gobernar, durante un debate público televisado con el también senador, del oficialista Cabildo Abierto, Guido Manini, del lado contrario y por mantener intacta la LUC.
Ambos polemizaron por más de una hora en torno a los ejes temáticos seguridad pública, vivienda, educación y relaciones laborales, con los contenidos más cuestionados.
El analista del movimiento sindical de Uruguay, Hugo Bai, confirmó que la recogida de 800 mil firmas para derogar dichos artículos frenó la impopular reforma gubernamental de la Seguridad Social.
Señaló que sus promotores se equivocaron al evitar mencionar en el borrador original otros temas sensibles como la atención a la primera infancia, la discapacidad y el Sistema de Cuidados, establecido por el precedente gobierno del Frente Amplio.
Solo pusieron el acento en la sostenibilidad económico financiera, pero sin que se pudiera discutir de los ingresos y de los sectores en condiciones de contribuir más y menos, detalló el integrante del Instituto académico Cuesta Duarte de la Central sindical Pit-Cnt.
El senador frenteamplista descifró una articulación entre la LUC y el presupuesto del gobierno basado en la caída del gasto público y social sin tener en cuenta los ingresos y así se perdieron salarios de los trabajadores y las pasividades y, además, se experimentaron impactos adversos en educación y vivienda.
Durante la semana, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se movilizó en jornada de paro laboral en favor del Sí en la que el secretario general, Jorge Bermúdez, denunció que representantes gubernamentales y patronales del sector privado asustan con quitarles empleos a trabajadores que participen en actos reivindicativos.
Jubilados y pensionados uruguayos reiteraron su rechazo a la pérdida de poder adquisitivo, por tercer año consecutivo y protestaron ante la Torre Ejecutiva gubernamental.
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