Este viernes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se reunió en el palacio de La Moneda con representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para analizar posibles medidas luego que se aprobara la intervención de militares en el control de la migración irregular en las fronteras.
El problema cobra mayor atención por la crisis que vive la pequeña localidad de Colchane, cercana a territorio de Bolivia, donde están concentrados más de mil indocumentados, con niños y adultos mayores, a la intemperie y sin recibir ayuda.
En declaraciones a los medios, Delgado rebatió críticas de que el Gobierno trata de restar importancia al problema, y dijo que la policía de Carabineros y el ejército duplicaron su dotación, y se dispuso el uso de drones y helicópteros en la zona.
Asimismo argumentó que la situación escapa a lo que se puede hacer solo desde Chile pues ‘está relacionada con una crisis internacional, sanitaria, social’, y centró el problema en el flujo de ciudadanos venezolanos, aunque también los hay de otros países.
En declaraciones al medio alemán Deutsche Welle, la activista de la organización Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, recordó en cambio que el flujo migratorio fue alentado por el propio presidente Sebastián Piñera, cuando en el montaje propagandístico contra Venezuela en la ciudad colombiana en Cúcuta, en 2019, aseguró que iba a acoger a inmigrantes venezolanos. Señaló Loredo que el Gobierno también lanzó una ‘visa de responsabilidad democrática’ para aquellos, que en vez de canalizar la inmigración estimuló el flujo de indocumentados.
En un comunicado, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes criticó que se intensifican los refuerzos militares en la frontera, sin existir políticas migratorias de acogida para esas personas, sólo controles sanitarios, lo cual es insuficiente para atender de manera integral la crisis humanitaria, y provoca el aumento del tráfico y trata de personas.
Asimismo pidió que ‘la migración en Chile deje de concebirse como un asunto de Seguridad Nacional y sea incorporado desde una perspectiva de Derechos Humanos’ e insistió en que la militarización y el refuerzo policial en la frontera no es una solución.
Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, declaró en similar sentido que el problema ‘no se va a resolver solo mirándolo del punto de vista del control de fronteras’ y llamó a reconocer y asumir que ‘hay una crisis humanitaria, no un tema solo migratorio’.
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