La propuesta, anunciada por el presidente Carlos Alvarado, plantea suspender el mecanismo de actualización del tributo único a los carburantes por 12 meses.
Ello, precisó, con el objetivo de evitar un incremento en el costo del combustible para los usuarios e industria, y prevenir una cadena de incrementos en el costo de servicios y productos que podrían encarecer el costo de la vida.
Esto significará un impacto en la recaudación de ingresos del Gobierno, sin embargo, las autoridades plantean esta medida extraordinaria de manera responsable para evitar una afectación mayor a la ciudadanía y a las actividades productivas sin poner en riesgo los objetivos fiscales del país.
De acuerdo con Casa Presidencial, en caso de que durante el período de aplicación de esta ley se produzca una reducción del índice de inflación respecto al vigente al momento de entrada en vigencia de esta ley, el impuesto se deberá ajustar a la baja.
El objetivo de este proyecto legal es que el impuesto vigente se mantenga constante con independencia de las variaciones internas en el precio de estos productos, para impedir con ello que los costos de producción se modifiquen por variaciones en el monto del tributo.
Una vez finalizado el periodo de aplicación de la suspensión, el monto se actualizará sobre la base del valor del impuesto vigente en el momento de su entrada en vigencia y sobre la base de las variaciones en el Índice de Precios al Consumidor que se experimente a partir del momento del vencimiento del plazo de la presente ley.
La operación militar especial de Rusia en Ucrania explica la necesidad de esta propuesta del Gobierno, indicó la fuente, pues generó un incremento importante en el valor internacional del petróleo, el cual afecta los precios al consumidor y particularmente a quienes realizan actividades productivas.
Asimismo, el mandatario tico instruyó la instalación de un equipo interinstitucional con el fin de monitorear las incidencias que esa situación pueda generar en términos de impacto socioeconómico en el país.
Eso, indicó, permitirá tomar decisiones oportunas y basadas en criterios técnicos en caso de que se tenga que atender o mitigar eventuales impactos económicos, costos logísticos o en el abastecimiento de insumos, así como eventuales presiones sobre los precios de las materias primas y otros aspectos.
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