Empresas involucradas en los megaproyectos de gas en la cuenca de Rovuma procedieron a la retirada de sus trabajadores, entre ellas la transnacional de origen francés Total, cuyos directivos habían aprobado el reinicio de las ejecuciones para una fábrica en Afungi, describió el diario local O País.
Procedente de Palma, arribó el sábado al puerto de Pemba un barco con alrededor de mil 300 pasajeros, en su mayoría empleados de multinacionales vinculadas a los megaproyectos de gas natural en Rovuma, ejemplificó el periódico.
En diciembre de 2020 Total retiró a parte del personal tras un ataque cerca de su astillero en Afungi, pero el pasado 23 de marzo anunció la reanudación del proyecto de construcción de una planta para el procesamiento de gas natural, luego de un acuerdo con el Gobierno mozambiqueño.
Al día siguiente, los terroristas atacaron el poblado de Palma, a unos 30 kilómetros del astillero, y este 27 de marzo la transnacional informó que no retomará la obra el próximo mes, como estaba previsto.
En opinión de las autoridades, el curso de los acontecimientos señala que las acciones terroristas no son una cuestión del azar, sino un plan bien estructurado con el objetivo llegar al corazón de los proyectos de gas y sabotear su progreso.
Los grupos armados pretendían amedrentar a la población y amenazar el desarrollo de inversiones, cuyo propósito es mejorar la vida de las víctimas y del país, afirmó el vocero del Ministerio de Defensa Nacional, Omar Saranga.
Según afirmó, ‘las Fuerzas de Defensa y Seguridad trabajan para evitar que las infraestructuras sean vandalizadas’.
Las acciones fueron atribuidas a integrantes del Estado Islámico en África Central (ISCA)y culminaron ‘con el cobarde asesinato de decenas de personas indefensas y daños materiales en las infraestructuras del Gobierno’, dijo Saranga.
Todavía no hay claridad sobre la cifra exacta de muertos y desaparecidos, pues las comunicaciones con Palma siguen interrumpidas.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mozambique solicitó apoyo para el rescate de unos 600 funcionarios estatales, quienes permanecen cerca de Palma.
En octubre de 2017 la provincia de Cabo Delgado notificó las primeras incursiones a gran escala de grupos violentos y el ISCA reivindicó la mayor parte de los incidentes a partir de mediados de 2019.
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