Los datos mostraron que el 48,50 por ciento de 136 agencias inmobiliarias analizadas, acceden a las exigencias discriminatorias que piden los propietarios de pisos cuyos servicios de alquiler gestionan, siendo las personas de origen magrebí o subsahariano las más perjudicadas, aun cumpliendo todos los requisitos de solvencia, lamentó SOS Racismo.
Pese a que la ley francesa prohíbe toda forma de discriminación, y en el caso del alquiler contempla penas de hasta 3 años de prisión y 45 mil euros de multa, 66 agencias de las 136 contactadas aceptaron seleccionar a los candidatos con criterios discriminatorios o facilitaron “perfiles árabes o negros para evitar problemas de vecindad”, dejando al propietario elegir a sus inquilinos.
Hace tres años, una prueba similar realizada por SOS Racismo en la región de París, mostró que el 51 por ciento de las empresas inmobiliarias aceptaban las órdenes discriminatorias de los propietarios o eran cómplices, lo que para la asociación “demuestra que persisten las prácticas discriminatorias en el sector inmobiliario”.
Por ello, pidió un “refuerzo de las sanciones penales en los casos de discriminación” pues se trata de una situación inaceptable ya que algunas de las agencias señaladas en el informe ya fueron señaladas durante la investigación realizada en 2019 y, en ese momento, se inició un diálogo para establecer sesiones de formación.
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