Círculos legislativos aseguraron que inicialmente la solicitud del senador Randolfe Rodrigues, aprobada en el colegiado, hablaba de convocar al funcionario, pero, ante el dictamen de apelación del asambleísta Wellington Fagundes el pedido se transformó en una invitación.
Ribeiro es acusado de intermediar en las transferencias de recursos de su cartera a los ayuntamientos, preferentemente los dirigidos por evangélicos amigos del gobierno de Bolsonaro.
El cambio en la naturaleza de la demanda ocurrió después que el timonel del Movimiento Democrático Brasileño, Marcelo Castro, apuntó que la junta recibió una carta de Ribeiro en la cual se pone a disposición para aclarar las grabaciones.
Castro también indicó que, incluso antes de la misiva, por teléfono, el ministro habló con él sobre la voluntad de ir al Senado para dar explicaciones.
Además de Ribeiro, el colegiado aprobó invitaciones al presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, Marcelo Lopes da Ponte, y a los pastores Gilmar Silva dos Santos y Arilton Moura, estos dos últimos sospechosos de intermediar en reuniones de alcaldes en el Ministerio de Educación.
La lista cuenta asimismo con convites para varios autoridades de Rosario, municipio del estado de Maranhão (nordeste), pero sin fecha definida.
Ayer la Procuraduría General pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura de una investigación al respecto.
El documento señala la posible aparición de los delitos de corrupción pasiva, tráfico de influencias y abogacía administrativa.
Tal contenido de las representaciones conlleva grados de verosimilitud y pruebas materiales que requieren una investigación para dilucidar la posibilidad de cometer delitos, escribió el fiscal general, Augusto Aras.
Aludió a que el ministro no negó las informaciones aparecidas en la prensa sobre el caso y admitió los encuentros con los pastores.
Entre las medidas previstas, Aras quiere tomar el testimonio de los alcaldes sobre la supuesta solicitud de un soborno hecho por uno de los pastores (Moura), a cambio de interceder en la liberación de los recursos por la cartera de Educación,
Si el STF lo autoriza, la investigación debe ser enviada a la Policía Federal con un plazo inicial de 60 días para la conclusión de las pesquisas.
Ribeiro apuntó en una grabación que prioriza la liberación de los fondos de los ayuntamientos, cuyas solicitudes fueron negociadas por dos pastores, según un informe publicado por el diario Folha de Sao Paulo.
En el audio, el ministro corrobora que cumplió con una petición de Bolsonaro.
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