Una de las prioridades del Gobierno de Gabriel Boric, quien asumió la presidencia el pasado 11 de marzo, es solucionar el conflicto en esta región del país que vive episodios de violencia rural, los cuales han tomado forma de disturbios, ataques a maquinaria agrícola y predios, incendios y tiroteos con víctimas mortales.
Parte de esos sucesos se enmarcan en el llamado conflicto mapuche, que enfrenta al Estado y al principal grupo indígena del país que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que actualmente están en manos de compañías agrícolas y forestales.
Según datos recopilados por la Multigremial de La Araucanía, en 2021 se cuantificaron 471 atentados en la zona, más del doble de los ocurridos en el año precedente, cuando se reportaron 228 hechos violentos.
La región de La Araucanía concentra la mayor cantidad de atentados, con 255 hechos, mientras estos han ocurrido en 28 de sus 32 comunas; le siguen Biobío (201 casos) y Los Ríos (11), y por primera vez se registraron en las regiones de Maule y Los Lagos.
En la segunda semana de marzo el Senado aprobó prorrogar por 15 días el estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la macrozona sur desde octubre pasado, que estará vigente hasta este sábado.
La medida, que se implementa en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, otorga facultades especiales a las Fuerzas Armadas con el fin de apoyar la labor de la policía frente a la ocurrencia de actos de violencia.
Al asumir la presidencia de Chile Boric aseguró que no renovaría el estado de excepción, y dijo que seguirán buscando maneras de detener estos sucesos, entre ellas el diálogo.
Con esa encomienda el 14 de marzo viajó a la zona sur una comitiva gubernamental liderada por la ministra del Interior, Izkia Siches, que fue recibida con disparos que les obligó a resguardarse y retornar a Santiago.
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