Según los documentos obtenidos por The Washington Post y CBS News, la brecha en las llamadas del entonces mandatario se extiende desde las 11:17 a.m. hasta las 6:54 p.m. del día de los violentos disturbios, lo cual contradice informes sobre varias conversaciones telefónicas que tuvo el ocupante del Despacho Oval durante ese período de tiempo.
Dos fuentes no identificadas dijeron al Post que la comisión de la Cámara de Representantes pretende dilucidar si Trump utilizó los teléfonos de sus ayudantes, uno desechable o canales de respaldo para comunicarse con otros.
Un portavoz del exgobernante declaró que los registros no fueron controlados por Trump y que el expresidente creía que todas sus comunicaciones fueron registradas ese día.
«No tengo ni idea de lo que es un teléfono desechable, hasta donde yo sé nunca he oído el término», dijo Trump en un comunicado la víspera.
Un miembro no identificado del grupo del 6 de enero advirtió que la Casa Blanca pudo participar en un «posible encubrimiento» de los registros, que fueron facilitados a principio de este año por los Archivos Nacionales.
Los reportes señalan que las conversaciones telefónicas que supuestamente se produjeron con Trump durante el intervalo de siete horas y 37 minutos incluyen al líder de la minoría de la Cámara Baja, Kevin McCarthy (republicano de California) y el senador Mike Lee (Utah), a quien llamó para contactar al también senador Tommy Tuberville (Alabama).
La comisión investigadora votó anoche por unanimidad a favor de declarar en desacato al Congreso a los exasesores de Trump Peter Navarro (comercial) y Dan Scavino (comunicaciones) por negarse durante meses a cumplir con las citaciones sobre la insurrección que dejó cinco muertos y más de 140 policías heridos.
El pleno de la Cámara Baja analizará la recomendación de cargos penales y de ser aprobada, lo cual es posible dado el control que tienen los azules en el hemiciclo, se enviaría al Departamento de Justicia, que tiene la última palabra sobre un eventual juicio.
Previo al sufragio, el panel se anotó una victoria legal en su búsqueda de información del abogado de Trump, John Eastman, cuando un juez federal de California David Carter consideró probable que el presidente haya cometido delitos en su intento de frenar la certificación de las elecciones de 2020.
El 6 de enero de 2021, centenares de seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio, alimentados por las falsas afirmaciones del republicano de fraude y la elección robada, para impedir que el Congreso certificara el triunfo del demócrata Joe Biden en noviembre del año anterior.
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