Los hechos se remontan a 2019 en la comunidad Semuy 2 de El Estor, Izabal, donde Montes también fue señalado por intento de asesinato en grado de tentativa de seis personas, según la sentencia del Tribunal de Alto Riesgo E (75 años más 100 por la sumatoria de los dos delitos).
El 10 de octubre de 2020, la Interpol capturó al antiguo combatiente en el estado de Guerrero, México, y ese mismo día se llevó a cabo su traslado vía aérea a Guatemala por los supuestos cargos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita de gente armada y usurpación agravada.
En relación al caso, el doctor en Sociología Carlos Figueroa hizo notar que el acusado «no pudo ser autor material del crimen cometido porque se encontraba a cientos de kilómetros del lugar, ni tampoco su autor intelectual porque no tuvo comunicación alguna con los habitantes de Semuy II ni antes, ni durante ni después del sangriento incidente».
«La presencia de los marinos no fue conocida con anticipación, así que los hechos se dieron repentinamente. Además, no existe señal telefónica en el lugar por lo que era imposible que César se comunicara por esa vía con los pobladores», explicó en una columna de opinión publicada la víspera por La Hora con el título «César Montes debe ser liberado».
El también Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Carlos, consideró el cautiverio por el que pasó durante 18 meses el histórico Comandante «un ensañamiento de la justicia de un Estado criminal como el que ahora observamos en Guatemala».
Primero en el Cuartel General Matamoros y luego en Mariscal Zavala, a sus 80 años de edad cumplidos, al menos debió permitírsele llevar su proceso judicial en arresto domiciliario, expresó.
Resulta raro que un asesor de la presidencia haya hecho una llamada al referido tribunal preguntando a cuantos años de cárcel se había condenado a César Montes y que uno de los habitantes presente en el enfrentamiento con los militares, Agustín Chub, apareciera ahorcado poco después del incidente en un supuesto suicidio, rememoró Figueroa.
«Todo lo que rodea al caso aparece como la fabricación de un cargo contra un personaje histórico de la insurgencia en Guatemala, en un contexto en el que jueces y fiscales y funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) están siendo perseguidos, encarcelados o han tenido que salir al exilio», puntualizó.
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