En redes sociales, el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Fabiano Contarato, refutó el intento de realizar una sesión en honor al episodio, prevista para este jueves en la Asamblea Legislativa del estado de Espíritu Santo (sudeste).
«La dictadura mató, torturó, secuestró, encarceló y violó a brasileños y brasileñas. Derramó sangre, destrozó leyes, acabó con la libertad, masacró los derechos civiles. Exaltar estos escombros autoritarios es inaceptable», denunció Contarato.
La diputada Iriny Lopes y la Seccional de la Orden de los Abogados de Brasil presentaron peticiones en esa misma división territorial para impedir la realización de la audiencia.
En los últimos años, el presidente Jair Bolsonaro promovió actos de exaltación del complot castrense y en 2021 también tuvo un fuerte protagonismo en los realizados en la semana del 7 de septiembre, cuando se celebra la Independencia Nacional.
Según el PT, el viernes de la semana anterior, el excapitán del Ejército presentó un proyecto que modifica la Ley Antiterrorista sancionada por la exmandataria Dilma Rousseff en 2016.
Para la organización política, «lo que se esconde detrás de la iniciativa de Bolsonaro es un intento de atacar a entidades sociales como el Movimiento de Trabajadores Sin Techo y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra».
Lo anterior se debe a que la propuesta mostrada incluye las acciones violentas con «fines políticos o ideológicos» en la clasificación de terrorismo.
El senador Rogério Carvalho, ponente de la Ley de Defensa del Estado Democrático, sucesora de la de Seguridad Nacional, utilizada por Bolsonaro para acosar a opositores, criticó el intento del exmilitar de perseguir a críticos de su gestión.
De acuerdo con la actual legislación, el terrorismo se define como «la práctica de actos motivados por la xenofobia, la discriminación o los prejuicios de raza, color, etnia y religión».
Además, cuando se cometen estas acciones «con el propósito de provocar el terror social o generalizado, exponiendo al peligro a la persona, los bienes, la paz pública o la incolumidad pública».
La Comisión Nacional de la Verdad, creada por ley en 2014, presentó un informe final y concluyó que la práctica de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones y ocultación de cadáveres eran el resultado de una política estatal contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.
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