Desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, realizaron un balance sobre los acuerdos derivados durante la segunda visita del funcionario a este país.
El mandatario destacó el desarrollo de un diálogo interactivo entre las partes, dirigido a mejorar los procesos de cooperación y complementariedad de la Fiscalía de la CPI con el Estado venezolano, en cumplimiento al memorando de entendimiento firmado en noviembre de 2021.
“Somos los primeros interesados en la prevalencia plena de los derechos humanos, en el goce de los derechos humanos, sociales y políticos por parte de nuestro pueblo”, enfatizó Maduro al celebrar la consolidación de los nexos de cooperación con el organismo internacional.
El jefe de Estado aseveró que Venezuela avanza en la reforma y perfeccionamiento de su sistema de justicia para asegurar las máximas garantías procesales, como resultado de un profundo proceso de diálogo político y social en el país.
Asimismo, Maduro reiteró la disposición de las autoridades venezolanas de mantener las puertas abiertas a la Fiscalía de la CPI, en el marco del memorando de entendimiento y del Estatuto de Roma.
Sobre la apertura de una oficina en Venezuela, el fiscal Khan la calificó como un paso importante y significativo que permitirá el cumplimiento de las responsabilidades del organismo, así como trabajar con otras organizaciones internacionales en el país.
En tal sentido, los miembros de su equipo contarán con un visado de múltiple entrada para poder acceder de forma sencilla al territorio venezolano, y se acordaron igualmente una serie de reuniones de trabajo entre el Gobierno bolivariano e integrantes de ese órgano de justicia.
El 3 de noviembre de 2021 el venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional suscribieron un memorando de entendimiento, basado en el principio de complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
La rúbrica del documento siguió a la decisión de la Fiscalía de concluir el examen preliminar del caso Venezuela I, iniciado en 2018 en torno a supuestas violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones violentas de 2017, y proceder a abrir una pesquisa formal para establecer la verdad.
Según lo acordado, y a pesar de diferencias de opinión sobre este tema, las partes ratificaron su compromiso a colaborar activamente entre sí y establecer mecanismos para mejorar la cooperación y facilitar el efectivo desempeño del mandato de la CPI en el territorio venezolano.
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