El documento de la Cámara Alta, presentado a finales de marzo, alertó sobre el fuerte aumento del gasto estatal en servicios de consultoría durante el quinquenio y su “influencia en las políticas públicas”, y acusó a las entidades francesas de la firma McKinsey de “optimización fiscal”, de forma que no habrían pagado ningún impuesto de sociedades entre 2011 y 2020.
El Senado remitió el asunto a los tribunales por sospechas de perjurio durante las audiencias realizadas por la comisión de investigación sobre la influencia de las consultoras en las políticas públicas.
En el comunicado hecho público hoy por el fiscal financiero, Jean-Francois Bohnert, se indicó que el Servicio de Investigaciones Judiciales de Finanzas llevaría a cabo “una investigación preliminar por el cargo de blanqueo de fraude fiscal agravado”.
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