Según el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y el del condado de Hennepin, Michael Freeman, carecen de pruebas suficientes para presentar acusaciones penales en el caso, reportó el diario USA Today.
«Específicamente, el Estado sería incapaz de refutar más allá de una duda razonable cualquiera de los elementos del estatuto (…) que autoriza el uso de la fuerza» por parte del oficial, dijeron Ellison y Freeman en una declaración conjunta.
El agente Mark Hanneman disparó tres veces a Locke en menos de 10 segundos después de que un equipo SWAT entrara de forma sorpresiva en su apartamento el día en que ocurrieron los hechos en medio de una redada como parte de una investigación de homicidio en St. Paul, capital del estado.
Sin embargo, Locke no figuraba en la orden, admitió el Departamento de Policía después del tiroteo.
Karen Wells dijo que la muerte de su hijo fue injusta y expresó la frustración con Hanneman en una conferencia de prensa en Nueva York con el abogado de la familia, Ben Crump, y el líder de los derechos civiles Al Sharpton.
«Usted es culpable», advirtió Wells al referirse al policía blanco. «No voy a rendirme”, subrayó.
El joven, de 22 años, carecía de antecedentes penales y aspiraba a abrir una fundación en la que pudiera ayudar a personas vulnerables y de bajos recursos, apuntó el periódico.
La oficina del fiscal fue la encargada del proceso penal en contra de Derek Chauvin, el exagente policial de Minneapolis que mató por asfixia al también afroamericano George Floyd en mayo de 2020, suceso que despertó una oleada de protestas antirracistas y contra la brutalidad policial en el país.
El homicidio de Locke desencadenó igualmente múltiples días de manifestaciones en esa urbe.
Grupos de derechos civiles, incluida la sección de Minnesota de la Unión Americana de Libertades Civiles, la familia de Locke y sus abogados exigieron el despido de Hanneman.
El abogado Crump afirmó que “la trágica muerte de Amir Locke muestra un patrón de órdenes de arresto sin aviso que tienen consecuencias fatales para los estadounidenses negros”.
Hanneman, puesto en licencia administrativa después del tiroteo, fue contratado en 2015 y tenía tres quejas contra él que se cerraron sin medidas disciplinarias, de acuerdo con los registros publicados por la ciudad.
Una cuarta imputación de 2018 sigue abierta, reveló una base de datos creada por el grupo activista Comunidades Unidas contra la Brutalidad Policial.
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