Según medios locales de prensa, la jueza federal María Eugenia Capuchetti indicó que esos individuos son procesados por los delitos de intimidación pública y daño calificado.
Ese día, un grupo de ciudadanos lanzó piedras y otros objetos contra las ventanas del Congreso, en especial contra la del despacho de la presidenta del Senado y vicemandataria de este país, Cristina Fernández.
Los sucesos tuvieron lugar en medio de manifestaciones realizadas mientras la Cámara de Diputados debatía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares contraída por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
Los responsables de los ataques fueron identificados mediante videos de cámaras de seguridad, canales de televisión y un software biométrico de reconocimiento facial empleado por la Policía.
A esos individuos le fueron embargados bienes valorados en alrededor de siete millones de pesos (60 mil dólares), según precisa la resolución judicial.
El 10 de marzo, a partir de las 15:00, hora local, un grupo numeroso de personas comenzó a arrojar elementos contundentes como piedras y bombas de pintura contra la fachada del Congreso de la Nación, explicó Capuchetti.
Esas agresiones causaron tumultos, desórdenes y daños que afectaron la seguridad pública y provocaron, entre otros, la rotura de los cristales de las ventanas que se ubican en el primer y segundo piso y pintadas sobre sus paredes, alcanzando los daños también la planta baja del edificio, añadió.
Además, indicó que fueron dañadas las veredas para extraer las piedras o escombros que luego fueron arrojados tanto al recinto mencionado como al personal policial que concurrió al lugar de los hechos para restaurar el orden y la seguridad.
Por otra parte, la jueza aceptó nuevamente al Senado, representado por su directora de Asuntos Jurídicos Graciana Peñafort, como querellante en el caso.
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