Las comisiones de Pueblos Indígenas y Salud de ese organismo intergubernamental con sede en esta capital debatieron las características de la propuesta legislativa, intercambio en el que participaron expertos de la región en salud sexual y reproductiva.
Los llamados pueblos originarios figuran peor atendidos en cuanto al cuidado materno-infantil como resultado de la falta de voluntad política de algunos países y protocolos específicos para el tratamiento a la mujer, explicó en el encuentro virtual la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada por Bolivia Lisseth Ticona.
A esa problemática agregó la deficiente atención en relación con la pandemia de la Covid-19, enfermedad de un impacto negativo severo en estas comunidades que no figuran entre las prioridades de los sistemas de salud.
Según Ticona, el nivel de salud de los pueblos indígenas cayó 300 puntos porcentuales en comparación con la etapa prepandémica, situación que denuncio en un informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Por su parte el diputado cubano Luis Velázquez, titular de la Comisión de Salud, explicó que la iniciativa legal debe fortalecer los sistemas de salud para controlar la situación epidemiológica y el impacto de la pandemia en la población materno-infantil rural y de pueblos originarios.
Según datos del Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas (FPNU) en diciembre de 2021 Latinoamérica reportó 365 mil casos de embarazadas positivas a la Covid-19, de las que fallecieron 3 mil 309.
La asesora regional en derechos y salud sexual y reproductiva de la Oficina para América Latina y el Caribe del FPNU, Virginia Camacho, explicó que la alta cifra está relacionada con la interrupción de los servicios de salud y una deficitaria atención primaria a pacientes positivos al nuevo coronavirus.
Camacho señaló que la pandemia y el aumento de las desigualdades sociales afectan gravemente los protocolos establecidos para disminuir el número de muertes maternas en la región.
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