Esas facciones formadas por árabes azotaron a asentamientos de pobladores mayormente africanos durante la guerra darfurí (2003-2008), con cerca de 300 mil muertos y 1,8 millones de desplazados, y ahora deberán desmovilizarse a la luz del proceso de transición del país.
Según observadores, el papel desempeñado por los jinetes armados no se olvidará de inmediato, tras borrarse del cuadro político nacional, porque las víctimas no lo permitirán, mientras esperan que se haga justicia real con quienes fueron objeto de violaciones de los derechos humanos.
Los combates en Darfur enfrentaron a guerrillas de perfil separatista con las milicias progubernamentales del yanyauid, acusadas de arrasar poblados enteros para ejecutar limpiezas étnicas. Uno de sus jefes, Alí Muhammad Alí Abdelrahmán, alias Alí Kushayb, es juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI). Ese proceso que sesiona en La Haya, Países Bajos, contra el exjefe de la milicia es el primer caso juzgado por crímenes de guerra cometidos hace cerca de 20 años en la occidental región sudanesa y en el cual se espera escuchar testimonios aterradores relativos a los 31 cargos imputados al implicado.
La sesión comenzó con la presentación oral de las acusaciones que el exjefe paramilitar negó: “Ninguno de los cargos es verdadero. Los rechazo todos, soy inocente”, afirmó en la primera audiencia luego de la extradición del reo desde República Centroafricana, donde se refugió hasta junio de 2020.
Poco después de su traslado a La Haya le ratificaron los cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad presuntamente cometidos durante el conflicto en Darfur, cuando las facciones del yanyauid respaldaron al entonces presidente de Sudán, Omar Hassàn al Bashir, derrocado en 2019 y ahora en prisión.
El expediente de la Fiscalía contiene acusaciones contra Alí Kushayb por preparar ataques contra civiles, asesinatos, la ejecución de desmanes diversos, así como destrucción de bienes materiales y actos contrarios a la dignidad humana como violación, tortura, tratamiento cruel y secuestros.
También se le incluyen expulsión de poblaciones y persecuciones de individuos durante su mando al frente de las milicias paramilitares en la zona de Uadi Salí.
La orden de arresto contra él fue emitida en abril de 2007 y le vincula con más de 500 asesinatos, una veintena de violaciones y el desplazamiento forzado de más de 41 mil personas, «sin mencionar los incontables casos de violencia sexual, torturas y saqueos de las que fueron responsables sus hombres», sintetizaron medios de prensa en La Haya.
A Alí Kushayb –llamado coronel de coroneles- se le asocia con delitos de un cariz político directamente, cometidos cuando las facciones del yanyauid respaldaron en Darfur a al Bashir.
El juicio del exjefe de milicia, quien durante 13 años evadió la justicia, lo aprovecharon figuras de Occidente para demandar la extradición del exgobernante sudanés, a quien responsabilizan con delitos contra la integridad humana durante el conflicto darfurí, pero Jartum no da señales de acceder.
Es decir, toda decisión judicial que la CPI tome contra el yanyauid se insertará en un contexto mucho más amplio desde el punto de vista político, pues el auditorio africano observa con perspicacia si lo que ocurrirá será una revancha o un mecanismo para presionar a las autoridades sudanesas en su proceso de transición.
También es necesario valorar si es viable juzgar al expresidente fuera de Sudán, un asunto complejo debatido en el país, donde algunos se pronunciaron por acceder, otros rechazaron esa opción, pero indicaron estar de acuerdo con enjuiciarlos y por último estuvieron quienes repudian todo lo anterior y abogan por liberarlo, según notas del diario Sudan Tribune.
Además del derrocado Al Bashir, cuya propuesta de extradición abordó infructuosamente la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda con las autoridades judiciales de Jartum, hay otros funcionarios de la administración anterior que permanecen recluidos y de quienes hasta ahora poco se conoce cuáles son sus posibilidades ante la ley.
Con el otrora gobernante se halla en cautiverio su exministro de Defensa, Abdelrahim Mohamed Hussein, y conforme con el actual fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, se “necesitan evidencias adicionales” sobre tales casos, aunque precisó que eso no altera las correspondientes órdenes de arrestos emitidas.
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