‘Nuestra percepción es esta… en la primera oportunidad que se le presente (a Bolsonaro) intentará un autogolpe para amenazar tanto al Poder Judicial como al político’, afirmó Molon, del Partido Social-Democrático (PSB, de centroizquierda), al portal de noticias UOL.
Advirtió a los políticos que no se hagan ilusiones, pues ‘este momento de calma del presidente con el Congreso es pasajero. Apenas se sienta amenazado querrá usar a las Fuerzas Armadas contra el Parlamento’.
Para el legislador, la escalada autoritaria del gobierno resulta evidente, ‘pero para un golpe de Estado, Bolsonaro tiene necesidad del apoyo de las Fuerzas Armadas que, por suerte, no le han permitido hasta ahora realizar sus planes’.
El gobernante cambió el lunes al ministro de Defensa, general Fernando Azevedo y Silva, y colocó al también general Walter Souza Braga Netto, cercano a sus posiciones.
Un día después, Braga Netto sustituyó a los comandantes de tierra, mar y aire de las Fuerzas Armadas. Por vez primera desde 1985, los jefes de esas tres ramas dejan el cargo al mismo tiempo y no durante un cambio de gobierno.
En medio de la crisis, los líderes de la oposición y de la minoría en el Senado y la Cámara Baja presentaron en esta última asamblea un nuevo pedido de destitución contra el excapitán del Ejército.
Los parlamentarios sostienen que Bolsonaro intenta, de forma autoritaria, apropiarse indebidamente y por intereses personales de las Fuerzas Armadas, con ‘clara amenaza para la democracia’.
Citan el artículo siete de la Ley de Impeachment (juicio político), el cual establece que resulta delito de responsabilidad ‘provocar animosidad’.
Según el periódico Valor, el principal argumento de la demanda es que Bolsonaro intenta una ‘cooptación de las Fuerzas Armadas’, lo cual se evidenció con la dimisión del titular de Defensa y de los jefes de las tres fuerzas.
Otra idea de la oposición es convocar a una audiencia pública con Azevedo e Silva, ahora exministro, que habría dejado el Gobierno por contradecir al presidente, quien procuraba imponer una medida de excepción contra los gobernadores con respaldo militar.
Bolsonaro no comparte las disposiciones adoptadas por autoridades estaduales para frenar la expansión de la Covid-19, como el confinamiento social y uso obligatorio de mascarillas.
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