El parlamentario fue condenado la pasada semana por el STF a ocho años y nueve meses de prisión por fomentar actos antidemocráticos y ataques a ministros de esa corte.
También fue sancionado a la pérdida del mandato, a la suspensión de los derechos políticos y al pago de una multa de 200 mil reales (unos 40 mil dólares).
Sin embargo, Bolsonaro anunció después que conmutaba la sanción a Silveira, uno de los referentes de los grupos ultraconservadores que apoyan al exmilitar.
Tal medida tiene la función de revocar el fallo del Supremo.
Según el diario O Globo, los ministros del tribunal discuten la posibilidad de utilizar las acciones de la oposición para dar una respuesta conjunta e institucional al acto del mandatario de tendencia ultraderechista, previsto en la Constitución, pero que puede tener sus efectos limitados.
El periódico asegura que, aunque la corte indicó no adoptar ninguna decisión hasta este lunes, «la línea dominante es no cuestionar la legalidad del decreto, sino solo centrarse en el momento de su publicación, antes de que la condena de Silveira sea definitiva».
Aparece como punto más importante defendida en el juzgado la de mantener la inhabilitación del legislador, evitando la lucha por revocar asimismo la pena de prisión.
El cotidiano señala que la táctica de Bolsonaro de ir a la confrontación con el Poder Judicial con su indulto quedó más clara el pasado viernes.
O Globo asegura que integrantes del gobierno manifestaron, en privado, que el presidente y sus aliados más cercanos tenían la medida como una opción si alguna de las investigaciones del STF golpeaba a sus hijos, en particular al diputado Eduardo Bolsonaro y al concejal Carlos Bolsonaro.
En tal sentido, el indulto no fue pensado por la situación de Silveira, sino como «un mensaje» al Poder Judicial.
Ante los hechos, la publicación insiste en que los jueces del Supremo evalúan cuidadosamente cuáles serán los próximos pasos y se les aconseja mantener la cautela, no hacer declaraciones públicas y no tomar ahora decisiones sobre el decreto.
Partidos opositores, como de los Trabajadores, Ciudadanía, Red de Sustentabilidad y Democrático Trabalhista, presentaron recursos ante el STF para impugnar la validez del beneficio presidencial.
De acuerdo con las organizaciones políticas, la gracia concedida por Bolsonaro a su adepto diputado resulta un «ataque institucional» y un «premio a la impunidad».
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