El juez James Cohn, ratificó la sentencia del pago de 10 millones de dólares para el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berazaín, como reparación a las víctimas de ese lamentable hecho.
El titular de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, saludó la decisión de Cohn basada en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en inglés) de 1992, ‘hecho que abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país por delitos similares’, precisó un comunicado.
Agregó la nota que el jurado, promovido por familiares de ocho de las más de 60 víctimas fatales, escuchó los testimonios de 40 testigos durante un juicio oral que duró tres semanas.
La sentencia estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berazaín son responsables de ejecuciones extrajudiciales registradas después de promulgado el Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, similar al 4078 del 15 de noviembre de 2019 que devino en las masacres de Sacaba y Senkata.
En la misma línea, se pronunció el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, en su cuenta de Twitter cuando destacó que el fallo judicial era una buena noticia para el pueblo boliviano. ‘áSe hizo justiciaá’, escribió.
Por otra parte, el abogado Thomas Becker, impulsor del juicio, calificó de hecho histórico la decisión del juez estadounidense al denegar la moción presentada por los acusados, resultado del sacrificio de los familiares de las víctimas; pese a la huida fuera del país de los responsables, en declaraciones al programa 180 de radio Patria Nueva.
‘Las víctimas del 2003 y el pueblo boliviano han mandado no solamente un mensaje a los que matan a su gente en Bolivia, y en otros países. Han mandado un mensaje muy poderoso al Gobierno de los Estados Unidos de que no pueden proteger a los violadores de Derechos Humanos’, enfatizó Becker.
Con el apoyo del jurista y el ahora canciller Rogelio Mayta, las víctimas de la masacre presentaron la demanda en 2007 contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, recordó la Agencia Boliviana de Información.
La Corte Suprema de Justicia del país suramericano dictaminó una sentencia por delito de genocidio en la modalidad de ‘masacre sangrienta’ por la muerte de más de 57 personas que salieron en protesta en defensa del gas natural.
Sobre las violaciones de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), Becker precisó que la decisión del juez James Cohn sienta un precedente para casos similares de matanzas suscitadas en Bolivia.
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