Y lo hace sin ansias de venganza, sino para evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse, en tanto representaron el genocidio de más de mil 700 indígenas masacrados por el Ejército solo entre agosto de 1982 y marzo de 1983.
El recorrido para hacer valer la justicia no fue fácil, hubo que esperar hasta enero de 2012, cuando expiró la inmunidad de Ríos Montt como congresista, para presentar la acusación formal junto a otros tres exgenerales.
Un año después, el 28 de enero, comenzó el juicio en el que por primera vez en el mundo, un ex jefe de Estado enfrentaba los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad ante un tribunal nacional.
Sin pronunciar una palabra durante las audiencias –matizadas por marchas a favor y en contra del exgobernante de facto- Ríos Montt habló por primera vez el 9 de mayo para declararse enfáticamente «inocente».
Sin embargo, un día después y en una sala repleta, la jueza Jazmín Barrios lo declaró culpable y pidió 80 años de prisión, 50 de ellos por el genocidio contra la población ixil.
El veredicto se dio 30 años después de cometidos los delitos y de que la demanda fuera presentada por los sobrevivientes al Ministerio Público, además de disímiles amenazas e intentos por detener el proceso, incluido uno, ese trascendental 10 de mayo.
Y si bien, diez días después, argumentando errores en el proceso, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y ordenó un nuevo proceso, la primera victoria fue la propia condena, al otorgar en cierta medida justicia para las víctimas de los sistemáticos abusos.
Como señaló entonces la defensora guatemalteca de los derechos humanos, Helen Mack, «después del veredicto, el juicio marca un punto de inflexión para Guatemala». Fue la primera vez en que la población indígena tuvo una oportunidad para que sus voces fueran escuchadas en una corte y fue una demostración de que la verdad y la justicia para las víctimas puede alcanzarse a través de medios pacíficos y democráticos».
La segunda victoria apuntó, a pesar de todos los tropiezos, fue hacia el fortalecimiento del estado de derecho en general en Guatemala, sumamente cuestionado hasta entonces.
Por último y no menos importante, se hizo realidad gracias a la resistencia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes persistieron en sus demandas por la verdad en el curso de tres décadas, especialmente la Asociación para la Justicia y Reconciliación y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.
Un segundo capítulo en contra de la impunidad comenzó el 5 de enero de 2015 con el debate oral y público, después de muchos esfuerzos para impedir reabrir el juicio, lo cual sería una constante a partir de entonces.
En julio se suspende la audiencia y la defensa pide una evaluación siquiátrica, la cual avala que el exgeneral no puede enfrentar ese “estrés”.
Aun así, en enero de 2016 arranca la audiencia, pero se vuelve a posponer ante el pedido de separar el juicio de Ríos Montt del de José Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar, quien en 2013 fuera absuelto.
El 13 de octubre de un año después vence el argumento y el general retirado se acoge a un proceso especial y privado, tras diagnóstico de demencia senil y otros padecimientos.
Es así que el 1 de abril de 2018 fallece quien en vida logró evadir la justicia a pesar de las evidencias de que en su corto periodo al frente del país tiene el triste récord de ser uno de los más sanguinarios.
Sin embargo, la sentencia emitida aquel 10 de mayo de 2013 seguirá siendo emblemática como recordatorio de que no son intocables quienes abusan de las prerrogativas del poder, recordaron este martes organizaciones defensoras de derechos humanos.
Como símbolo de esperanza y recordatorio para las nuevas generaciones, cada 10 de mayo la Casa de la Memoria de Guatemala exhibe un clavel rojo sobre las páginas de la histórica sentencia.
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