Por medio de un comunicado, relatores independientes de Naciones Unidas recalcaron que esa práctica ilegal de Tel Aviv supone «una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos».
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Israel a principios de este mes, unos mil 200 residentes palestinos de Masafer Yatta, entre ellos 500 niños, corren el riesgo inminente de sufrir desalojos, desplazamientos arbitrarios y traslados forzosos, lo que supone un crimen de guerra, subrayaron los expertos del organismo multilateral.
El pasado 4 de mayo, esa corte rechazó los recursos presentados sobre las órdenes de desalojo.
Tal decisión finaliza un proceso judicial que ha durado más de dos décadas y que ahora autoriza a las fuerzas israelíes a utilizar la zona para entrenamientos militares.
Los expertos de la ONU recalcaron que el sistema judicial israelí dio de esa forma “carta blanca” al Gobierno de Tel Aviv para perpetuar la práctica de opresión sistemática de los palestinos.
Además, insistieron, Israel no ha demostrado ninguna necesidad militar imperiosa que obligue a desalojar la zona y concluyeron que “el desplazamiento de las comunidades de Masafer Yatta puede, por tanto, constituir un crimen de guerra».
Organismos internacionales como la ONU han expresado en reiteradas ocasiones su rechazo ante las demoliciones de propiedades palestinas y la expansión israelí por Cisjordania, acciones que atentan contra la solución de dos Estados.
De hecho, resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenan tales prácticas, consideradas colonialistas e ilegales.
Según la cancillería palestina, el objetivo final del Estado ocupante, Israel, es completar «el proceso de judaización» de Cisjordania y cambiar su realidad histórica, legal y demográfica.
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