La decisión, que convierte a Moro en acusado por su actuación en la desarticulada operación judicial Lava Jato, es del juez Charles Renaud Frazão de Morais, quien también pidió que el Ministerio Público Federal tenga conocimiento de la denuncia.
Tal demanda fue presentada el 27 de abril por el abogado Marco Aurélio de Carvalho, que coordina el grupo Prerrogativas y representa a los diputados Erika Kokay, José Guimarães Natália Bonavides, Paulo Pimenta y Rui Falcão, todos miembros del Partido de los Trabajadores.
Según el pedido, Moro debe reembolsar al fisco los daños causados a las arcas públicas.
El grupo no estipuló el importe de la indemnización que se pagará en caso de condena, pero cita que el exmagistrado «manipuló la mayor empresa brasileña, Petrobras, como un mero instrumento útil para encubrir sus intereses personales».
La acción añade que «el desbarajuste en Petrobras afectó a toda la cadena productiva y mercantil brasileña, especialmente al sector del petróleo y el gas». De acuerdo con los demandantes, Moro practicó la corrupción violando las reglas del Estado de Derecho democrático.
Las «actuaciones viciadas» del exjuez, citan, «dieron lugar a pérdidas y perjuicios muy superiores al interés público».
Esto, agrega, provocó «un escenario de perturbación económica de altísimo coste social en nuestro país».
La denuncia se basa en varios estudios, los cuales indican que la Lava Jato causó más daños económicos de los evaluados que se desviaron con la corrupción.
Una investigacón del Departamento Intersindical de Estadística y Estudio (Dieese), basado en la matriz de insumos y productos con valores de 2014 a 2017, reveló, por ejemplo, que la operación costó cerca de 4,4 millones de empleos, con un impacto del 3,6 por ciento en el Producto Interno Bruto de Brasil.
En definitiva, la acción popular pide un peritaje para medir «el grave e irreparable daño a la economía nacional, y, en consecuencia, al patrimonio de las personas jurídicas de derecho público que se enumeran en esta petición».
Moro, quien alcanzó notoriedad por la Lava Jato, también
quedó como sospechoso de parcialidad cuando fungía como magistrado y condenó sin pruebas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, absuelto de todas sus penas.
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