La sesión comenzó la víspera simultáneamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo (USP) y en su sede en Roma (Italia).
Fundada en 1979, esa corte es un órgano de opinión, sin efectos condenatorios desde el punto de vista jurídico, que examina casos relacionados con violaciones a partir de las denuncias de los autores de tales crímenes ante la opinión pública internacional.
La audiencia es compuesta por 130 miembros designados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos.
El cuerpo de jurados lo integran 12 personalidades y la denuncia fue presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Internacional de Servicios Públicos, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y la Coalición Negra por los Derechos.
Además, contó con el apoyo del Consejo Indígena Misionero y otras entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
La abogada Eloisa Machado, profesora de la Fundación Getulio Vargas y miembro de la Comisión Arns, afirmó que estas organizaciones se unieron en su acusación contra Bolsonaro, al actuar el exmilitar deliberadamente para propagar la pandemia de la Covid-19.
Esto ocurrió, por ejemplo, señaló Machado, a través de la «desorganización intencionada» de la política sanitaria y la «opacidad de los datos».
Recordó que los gobiernos estaduales se unieron a los medios de comunicación para poder organizar las cifras de la enfermedad en el país, pues el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, dejó de contarlas.
La también jurista Sheila de Carvalho, quien trabaja en la Coalición Negra por los Derechos, preguntó: «¿cuánto tiempo más vamos a dejar que este genocidio esté en la presidencia? Bolsonaro y su gestión criminal fueron determinantes en la expansión del genocidio del pueblo negro brasileño», advirtió.
Por su parte, el senador Humberto Costa, miembro de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Covid-19, recordó que el autoritarismo fue una de las clave de la actuación del excapitán del Ejército desde la declaración de la emergencia sanitaria.
«Vimos, por ejemplo, amenazas a la democracia, que el Gobierno utilizó, por un lado, para desviar la atención de la desastrosa conducta de afrontar la pandemia y, por otro, para intimidar a las instituciones, que estaban teniendo un papel importante en la adopción de medidas eficaces».
Hubo, enumeró, amenazas contra el Supremo Tribunal Federal, el Congreso, incluso un intento de golpe de Estado el 7 de septiembre de 2021.
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