Según el documento enviado a esa junta, el ofrecimiento primario (nuevos) será inicialmente de 627 millones 675 mil 340 acciones y el secundario (valores existentes) será de 69 millones 801 mil 516, publicó la sección Valor del portal de noticias Globo.
El inicio del período de reserva será del 3 al 8 de junio (el 7 de junio para la prioritaria), de acuerdo con un comunicado entregado a la comisión.
Por su parte, el proceso de recogida de intenciones de inversión (bookbuilding) se realizará el 9 de junio, cuando se definirá el precio por acción.
El inicio de la negociación de las acciones de la propuesta será el 13 de junio.
Con el lanzamiento oficial de la oferta al mercado, los siguientes pasos son el road show (exposición comercial) de la oportunidad a los inversores.
Asimismo, la recogida de intenciones de inversión, momento en el cual se conocerá efectivamente la demanda del mercado para la operación y el valor final por acción del ofrecimiento.
El 18 de mayo el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), fiscalizador del gasto público, aprobó la continuidad del proceso de desestatificación.
De los ocho ministros que votaron en la sesión, solo se mostró en contra el ministro Vital do Rêgo, quien llegó a pedir la suspensión del proceso hasta que la corte concluyera una inspección de las deudas judiciales de la empresa, lo cual podría provocar una infravaloración de la estatal.
También por siete a uno, los ministros denegaron la solicitud de interrupción.
Ahora el Ministerio de Minas y Energía y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que colabora en la operación, cumplen con algunas determinaciones y recomendaciones del tribunal, pero sin perjuicio de la continuidad del proceso.
El juicio fue la segunda y última etapa de análisis en el TCU. En esta fase, evalúa el modelo de venta propuesto por la Unión, incluida la gama de valores de las acciones que se ofrecerán en bolsa.
La aprobación del tribunal era el último paso pendiente del Gobierno para desestatificar este año la empresa, la primera en ser vendida por el gobierno del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro. El Congreso dio el visto bueno en junio de 2021.
Al respecto, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó en la red social Twitter que «sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética».
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