Esa estructura vincula al exgobernante con personas investigadas por varios delitos de narcotráfico, “autotráfico” y contrabando, que aparecen de 2014 a 2016 como compradores de la empresa de Cartes Tabacalera del Este SA (Tabesa), añade el texto.
La red del exjefe de Estado y su grupo empresarial “tuvo una reingeniería a partir del 2017, cuando vuelven a saltar personajes salpicados por los mismos delitos”, de acuerdo con el informe “obrante en la fiscalía” divulgado por el diario.
Según el documento, algunas de las empresas con las que Tabesa comercializa un importante volumen de sus productos presentan indicios de lavado de dinero y señales de alerta remitidos al Ministerio Público.
El texto relaciona a Cartes, además, con lavado de dinero procedente de forma directa del negocio o trasiego ilícito de cigarrillos, mediante una simulación de ventas de Tabesa con compañías cuyos responsables enfrentan procesos por otros delitos.
Las revelaciones del informe financiero en manos de la Fiscalía General comprende una detallada lista de compañías y empresarios locales y extranjeros, vario de ellos brasileños como Claudecir Da Silveira Savino y David Cuéllar Soler.
Un grupo de legisladores analiza este lunes nuevos cargos sobre complicidad con el lavado de dinero por la fiscal general Sandra Quiñónez, acusada de engavetar denuncias contra varias personas investigadas por lavado de dinero, entre ellos Cartes.
El senador Enrique Salyn Buzarquis aseguró que la Fiscal “es una empleada más” del exgobernante y hace tiempo “tiene que irse a casa”, en alusión a un anterior proceso.
“Hay que ser estúpido para no entender que es una vil jugada de lavado de dinero. El señor Horacio Cartes es el jefe máximo del crimen organizado de Paraguay”, aseguró el parlamentario, basado en un informe de inteligencia financiera.
El senador llamó a la sociedad paraguaya a “posicionarse y definirse si está en contra o no del crimen organizado”, y se preguntó cómo Cartes “es investigado a nivel internacional y no en su país”.
“Quiñónez seguirá lamentando -ironizó Buzarquis- sobre el asesinato de Marcelo Pecci (el fiscal ultimado en Colombia) sin que (ella) moviera un dedo para desbaratar a los grupos criminales”.
La Cámara de Diputados acordó el 22 de marzo por mayoría archivar una propuesta de juicio político contra la Fiscal General, acusada de incumplimiento de funciones.
Según fuentes oficiales, la votación de los 75 parlamentarios en sala fue de 37 en favor del proceso, 32 en contra, cinco ausentes y seis abstenciones, pero se requerían 50 (dos tercios) para aprobar el juicio.
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