Por Julio Morejón Tartabull
Periodista de la redacción Internacional de Prensa Latina
En el continente se ubica alrededor del 55 por ciento de la reserva mundial de ese apetecido mineral y cerca de una decena de Estados figuran como poseedores de tales piedras, que motivaron la explotación extrema de millones de pobladores durante el período colonial y la muerte de muchos por maltrato.
Asimismo, la extracción y comercialización de la gema causó conflictos bélicos y generó múltiples hechos de corrupción, más difícil de desarraigar que las mismas guerras, pero en la base de todos esos males estuvieron comerciantes ambiciosos, los principales malhechores.
El expresidente liberiano Charles McArthur Ghankay Taylor cumple desde 2012 una condena de 50 años en una prisión británica tras ser declarado culpable de 11 cargos, entre ellos, asesinatos, violaciones, cautiverio, mutilaciones y uso de niños soldados.
Una de las causas difundidas en el curso del proceso fue su apoyo al Frente Revolucionario Unido (FRU), de Foday Sankoh Saybana, en la guerra en Sierra Leona (1991-2002), respaldo por el cual recibía pagos con los conocidos diamantes de sangre, extraídos de zonas en conflicto armado.
Charles Taylor fue cómplice de una de las contiendas devastadoras ocurridas en África occidental, causante de la muerte de más de 75 mil civiles, aunque cálculos de organizaciones humanitarias refieren que perecieron unos 200 mil y desplazó a más de dos millones de personas.
Muchos de esos migrantes sufren aún afectaciones psicológicas de las que -a dos décadas del fin de la contienda- no han podido librarse, gran cantidad de esas víctimas fueron niños conscriptos a la fuerza, un modesto estimado los cifra en unos cinco mil de uno y otro sexo.
Respecto a aquel conflicto en Sierra Leona, medios de prensa una y otra vez centraron su atención en las mutilaciones de órganos a quienes se identificaban como enemigos o no quisieron cooperar con el FRU en la obtención de diamantes.
Los vínculos del otrora presidente liberiano con los ejecutores de masacres en ese escenario quedaron probados en las audiencias del Tribunal Penal Internacional (TPI) que sesionaron en La Haya, Países Bajos, el primer juicio contra un exjefe de Estado por crímenes cometidos en África.
CONGO DEMOCRÁTICO
Detalles similares podrían trascender de las investigaciones sobre la actual violencia en la región oriental de la República Democrática del Congo (RDC), donde el bandolerismo, el radicalismo confesional y la actividad paramilitar de facciones armadas de comunidades también se vinculan con la explotación de minerales.
Estadísticas especializadas indican que en África central y occidental perecieron unos 3,7 millones de personas en conflictos relacionados con la búsqueda y comercialización diamantífera ilegal, actividad “lavada” mediante transacciones financieras para ofrecer luego satisfacciones suntuosas.
Estudiosos coinciden en que el terror en la RDC se asocia en gran medida con el genocidio ruandés de 1994, porque extendió a sus vecinos la violencia y las secuelas, una de ellas la dominación insurgente de zonas con abundantes recursos minerales.
“Los diamantes, que bien podrían haber significado una vía directa hacia el mundo moderno para el Congo, se convirtieron, en cambio, en una maldición para el país. Se convirtieron en el epicentro de los problemas del país prácticamente desde su descubrimiento en 1907”, anotó Ian Smille en el libro Piedras con sangre.
Si en el caso de Sierra Leona la guerra de Sankoh se financiaba con gemas extraídas en zonas de contienda, en la RDC el conflicto fue por apoderarse de áreas mineras del país que en 1960 simbolizó la independencia africana del colonialismo, un Estado traicionado por la exmetrópolis belga y su aliado estadounidense.
“De hecho, puede que Leopoldo II nunca hubiera renunciado al control que ejercía sobre el (llamado) «Estado libre» si hubiera estado consciente de la enorme cantidad de diamantes que había distribuida -a pocos metros de la superficie- (…) “, opinó Smille.
En la RDC esas piedras preciosas proceden de fuentes aluviales y otros depósitos ubicados cerca de Kisangani, Mbuji-Mayi y Tshikapa, de áreas que gestionó la Compañía Internacional Forestal y Minera del Congo (Forminière), creada por el ingeniero Jean Jadot en 1906 a la sombra del rey Leopoldo.
La ocupación de zonas con yacimientos vincula hoy a bandas armadas con un comercio subterráneo dependiente de entidades extranjeras, las cuales aprovechan para adquirir las joyas a menores costos o con trueques, actos que enmascaran la procedencia de la gema, señalan investigaciones de prensa.
Archivos desclasificados del gigante bancario suizo HSBC “muestran grandes sumas de dinero controladas por comerciantes de diamantes, conocidos por operar en zonas de guerra y haber vendido gemas para financiar insurgencias que causaron incontables muertes”, conforme difundió el diario francés Le Monde.
Según estadísticas del sector minero de Congo Democrático, en 2020 se totalizaron 150 millones de quilates en esas piedras.
JOYAS Y BALAS
“Los diamantes tienen una larga historia de estar vinculados a conflictos y violencia”, afirmó Michael Gibb, de la organización internacional Global Witness.
Gibb destacó el peligro que significa lo fácil con que pueden ser convertidos en armamentos, si antes no se determina claramente su procedencia.
A finales de 2021 grupos armados en la República Centroafricana (RCA) trataron de derrocar al gobierno electo. Junto con las causas políticas de ese intento estuvo la explotación ilegal del mineral y su comercio, lo cual opera como ciclo: hacer la guerra para obtener la mercancía y con ella adquirir armas para continuar el conflicto.
Ese fue -aunque persisten las amenazas- el caso de la contienda en la RCA, donde la inestabilidad sobresalió en todos sus ámbitos tras su independencia de Francia en los pasados años 60. Ahora el peligro proviene de las bandas violentas interesadas en fragilizar la institucionalidad.
El país sufrió golpes de Estado “en cadena”, con presidentes que se sucedieron cada 10 años a punta de pistola, describió la estudiosa Ana Fernández de Mesa. Como resultado de ese caos, “proliferan las armas ilegales entre los grupos rebeldes, pues muchos de ellos recurrieron al tráfico ilícito de diamantes como forma de financiamiento”.
La capacidad militar de las facciones antigubernamentales es significativamente poderosa, como demostró la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), que rechazó los resultados de las pasadas elecciones y amenazó con tomar Bangui, la capital.
Tal dinámica de terror no la pudo neutralizar el Proceso Kimberley, pacto establecido en el 2000 para intentar detener el comercio ilegal de las gemas procedentes de escenarios de guerra.
Ese es un aporte todavía insuficiente para reducir la propagación de los conflictos bélicos sustentados con la tenencia del mineral.
Tal mecanismo consiste en certificar legalmente el origen de los diamantes y solo los firmantes de ese acuerdo pueden garantizar que los envíos de las piedras en bruto no se relacionan con zonas de contiendas, aunque observadores consideran que ese aval es una limitante demasiado endeble ante la realidad conflictual.
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