En un comunicado, el Clajud, perteneciente al Grupo de Puebla, denunció la abrupta y violenta interrupción del orden constitucional de ese país hace tres años y acusó a la Organización de Estados Americanos y a su secretario general, Luis Almagro, de apoyar las acciones contra el exmandatario Evo Morales.
Lo anterior llevó al Estado Plurinacional a una crisis política, social, económica y de derechos humanos sin precedentes, señala el texto.
Tras incumplir los procedimientos establecidos por la Carta Magna y la Asamblea Plurinacional, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta y dio paso a la represión, persecución, arresto, tortura y asesinato de ciudadanos que se opusieron al golpe.
Además de dejar más de una treintena de muertos y cientos de heridos, el Ejecutivo de facto realizó constantes violaciones y ataques contra comunidades y símbolos de los pueblos originarios.
Luego de las elecciones generales de 2020 se restableció la legalidad y la legitimidad de los poderes públicos, a través de los cuales el Estado tiene la obligación de investigar los hechos y sancionarlos si corresponde. La justicia boliviana es la única facultada para hacerlo, señaló el Clajud.
Dicho organismo aseguró que existen pruebas suficientes sobre los graves delitos cometidos.
Los juicios contra los autores de estos hechos tienen como objetivo dar a conocer la verdad, conforme a la Constitución Política del Estado y el Derecho Internacional, añade el texto.
Además, critica recientes pronunciamientos de la oposición sobre la supuesta falta de independencia de la justicia en esa nación.
El Clajud insta a la comunidad internacional a apoyar el proceso de memoria, verdad y justicia en Bolivia, bajo los principios de autodeterminación, debido proceso y no interferencia en asuntos internos, concluye el comunicado.
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