Desde el 1 de enero los presos rechazan presentarse a las audiencias en los tribunales militares del vecino país para apelar sus casos.
Criticada por la ONU, la llamada detención administrativa es utilizada por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa norma inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
El Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem) afirmó en abril último que esa política es ilegal, cruel y viola el derecho internacional.
La decisión de poner a un palestino bajo detención administrativa la adopta el comandante militar regional sin acusación ni juicio, cuestionó la Organización no Gubernamental en un comunicado.
El B’Tselem resaltó que el boicot de los palestinos tiene por objeto desenmascarar la fachada de revisión judicial porque “en esas audiencias, los detenidos se limitan a desempeñar el papel de figurantes en un proceso destinado a sancionar su encarcelamiento”.
Al respecto, detalló que las pruebas de la denuncia nunca son reveladas al prisionero ni a su abogado, por lo cual es imposible conocer el motivo del arresto y por lo tanto impugnar las acusaciones.
Las autoridades de Tel Aviv suelen tomar medidas punitivas contra los detenidos que boicotean sus tribunales, como privarlos de visitas y renovar su detención administrativa, denunció este lunes la agencia de noticias palestina Safa.
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