El Ministerio de Comercio prometió vigilar con sumo cuidado cómo evolucionará la situación una vez que Japón ponga en marcha ese plan y aseguró que priorizará la seguridad de los ciudadanos por encima de todo.
También expresó profunda inquietud por la decisión nipona, pues implica arrojar al mar 1,22 millones de metros cúbicos de agua procesada que procede del enfriamiento de los núcleos de los reactores dañados durante el desastre de 2011, los acuíferos subterráneos y lluvias.
La prensa china advirtió este jueves que esa iniciativa solo se traducirá para Japón en un revés en sus exportaciones y daños a la reputación en el futuro cercano.
Además, la Cancillería nuevamente reiteró rechazo al plan de Tokio por su previsible impacto en otros países, le exigió hacer lo posible por evitar la contaminación marina y criticó que no tome en cuenta las consideraciones al respecto de la industria pesquera, organizaciones ecologistas y territorios vecinos.
Antes, demandó una evaluación profunda sobre los posibles efectos de las aguas tóxicas de la central de Fukushima y hacer público la información de manera oportuna, estricta, abierta y transparente.
El martes el gobierno japonés confirmó que verterá en el océano Pacífico el líquido, luego de tratarlo para retirar la mayor parte de los elementos radiactivos.
Optó por esta medida junto a la operadora de la planta, Tokyo Electric Power, al considerarla la más viable ante la acumulación del producto, pues la capacidad límite de llenado es de 1,37 millones de metros cúbicos y se estima que se podría alcanzar el próximo año.
Pero la rechazan China, Corea del Sur, Rusia y hasta las asociaciones de pescadores de Fukushima, una de las industrias más castigadas por el desastre de 2011, por temor a la contaminación del ecosistema marino.
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