En el foro World Compliance Forum Latam, que reúne aquí a 50 participantes de 17 países para evaluar esos retos, el superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, aseveró que se debe enviar ese mensaje y sancionar a responsables en casos como la falta de transparencia y corrupción.
Durante el encuentro organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos y la Universidad para la Paz, Castillo reconoció que el tiempo que tenía el país para cumplir con los puntos señalados por GAFI había terminado, pero confía que se puedan completar los 15 requisitos a finales de año o inicio de 2023.
Adicional a la certeza de castigo, Castillo indicó que se debe cumplir con el suministro de la información de los beneficios finales, la aplicación ágil de sanciones, así como el cumplimiento de las leyes para prevenir el blanqueo de capitales.
Este mes se cumplen tres años de la inclusión de Panamá en la denominada lista gris. En agosto, septiembre y octubre habrá reuniones entre funcionarios panameños y representantes del GAFI para medir el avance en los puntos que faltan por cumplirse.
Castillo explicó que es necesario demostrar que la legislación actual contra el lavado de activos da buenos resultados y desestimó la necesidad de promulgar nuevas normativas para completar los cuatro requisitos que faltan.
Entre esas exigencias está además demostrar la capacidad de investigar y perseguir los casos vinculados a delitos fiscales internacionales y el financiamiento al terrorismo.
Panamá regresó a esas listas en junio de 2019, tras salir de estas en 2014, por la falta de efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales.
En abril de este año, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, dijo a Prensa Latina que este tema es la prioridad número uno del Gobierno, porque “de nada vale avanzar en la reanimación económica sin contar a nivel internacional con una visión positiva del país, en lo que tiene un gran peso las agencias calificadoras”, remarcó.
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