En su cuenta en la red social Twitter, el canciller anunció ‘estamos en coordinación con las instancias de ONU con experticia en desactivación de minas antipersonales (…) de las zonas fronterizas en las que grupos armados irregulares colombianos las sembraron para atentar contra Venezuela’.
El pasado 9 de abril altos mandos militares venezolanos confirmaron que los paramilitares pusieron esos artefactos explosivos para imponer terror y violencia entre la población de La Victoria, estado de Apure.
Un reporte castrense señala que durante la operación militar Escudo Bolivariano que lleva a cabo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde el pasado 21 de marzo, se detectó el uso ilegal de minas antipersonales en esa zona limítrofe con el país vecino, escenario de enfrentamientos armados.
Durante las operaciones de los últimos días se desactivaron 16 dispositivos explosivos en zonas aledañas, mientras la detonación de otros causó bajas entre los militares venezolanos, según informaciones oficiales.
Desde que se sospechara el uso de esos dispositivos, las autoridades venezolanas hicieron la denuncia ante la opinión pública, la ONU y los medios de prensa, aseguraron además que los ataques forman parte de la estrategia de Estados Unidos y sus aliados, para balcanizar, fragmentar y dividir la estructura del Estado bolivariano.
El Ejecutivo venezolano solicitó a Naciones Unidas asesoramiento para las FANB en desactivación de minas antipersonales, con el fin de limpiar el área de conflicto.
Venezuela fue declarada el 27 de mayo de 2013 territorio libre de minas terrestres al cumplir con la obligación de desminado de la Convención Sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, también conocida como Convención de Ottawa, suscrita por 162 países.
En aquel momento el país destruyó mil 73 minas antipersonales que se encontraban en 13 campos minados en periferias de seis puestos navales, de acuerdo con los reportes.
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