«Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana», precisó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Explicó que la iniciativa partió de la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), instancias que lideran una protesta social de 17 días consecutivos y por su parte el Estado decidió aceptar la sugerencia.
Los nuevos garantes estarán a cargo de definir la metodología, los actores, los representantes y temas a tratar para llegar a una resolución definitiva y poner fin al paro popular cuyos participantes exigen respuestas a una agenda de 10 puntos con reclamos en beneficio de la mayoría de la población.
Jiménez también reiteró la voluntad de garantizar la paz de los ecuatorianos y en ese sentido, agregó que tomarán las acciones necesarias para llegar a esa anhelada tranquilidad.
En cuanto a la decisión del Mandatario, Guillermo Lasso, de no dialogar con Leonidas Iza, presidente de la Conaie y de pedir otros interlocutores por los colectivos sociales para reanudar la mesa técnica, apuntó que aceptarán los delegados definidos por la Conferencia Episcopal, sin imponer condicionamientos.
El secretario de Estado se refirió además al estado de excepción recién decretado en cuatro provincias del país (Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana) y especificó que Pichincha, donde se ubica esta capital epicentro de las manifestaciones, no fue incorporada pues la situación actual no lo requiere.
No obstante, advirtió que si el escenario cambia y es necesario, se incluiría en la medida.
El pasado lunes hubo un primer acercamiento entre las partes, que incluso derivó en algunos avances en temas álgidos como el reclamo popular de bajar y congelar los precios de los combustibles.
Al siguiente día en la mañana, Lasso anunció el fin del diálogo con Iza, tras un incidente violento en el cual perdió la vida un militar y otros 12 resultaron heridos y del cual responsabilizaron a habitantes de una comunidad amazónica donde se realizaba un bloqueo de vías, quienes a su vez, denunciaron represión por parte de los militares.
Presupuesto para la educación y la salud, créditos, moratoria de deudas, atención al agro, generación de empleos, no privatización de sectores estratégicos ni minería ilegal en áreas protegidas y de pueblos autóctonos, son otros pedidos de la agenda social.
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