Según un breve comunicado oficial, la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh y la Comisión Nacional de Supervisión llevan adelante la pesquisa.
Xiao es el último de numerosos funcionarios de distintos rangos en China que son procesados por delitos de corrupción en meses recientes.
En junio pasado el PCCh informó que investigó y sancionó alrededor de cinco millones de personas por actividades relacionadas con ese flagelo desde su 18 congreso en 2012 hasta abril de este año.
De esa cifra a 644 mil individuos se les castigó por violaciones a las normas de conducta del partido y del gobierno, mientras 74 mil se entregaron voluntariamente a los órganos disciplinarios.
Cuando Xi Jinping en 2012 asumió la presidencia de China y el liderazgo de la organización comunista se propuso consolidar la posición del país como potencia, pero a lo interno una de las tareas en la que más énfasis puso fue depurar al PCCh y al gobierno de su peor enemigo: la corrupción.
Desde entonces emprendió una campaña sin precedentes orientada a desenmascarar desde las bases hasta los más altos niveles a quienes incurren en las malas conductas que durante años perjudicaron la imagen de la organización política ante los ojos de la ciudadanía.
La popularmente conocida contienda para «cazar tigres» y «aplastar moscas» trajo ante los tribunales a millones de servidores públicos acusados por prácticas como sobornos, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y violación de los códigos de ética relacionados con los gastos u otras infracciones.
Tales delitos implican condenas de varios años en prisión, cadena perpetua y hasta la pena máxima.
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