En un pronunciamiento a la opinión pública nacional e internacional, Menchú rechazó el «confuso y violento operativo, realizado ayer, por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), con la participación de numerosos agentes, algunos con el rostro cubierto y utilizando vehículos sin placas de identificación».
Estos hechos arbitrarios, alertó la activista, suman una agresión más a los cientos de ataques contra periodistas y la prensa independiente y una arbitrariedad del sistema de justicia bajo el gobierno de Alejandro Giammattei.
«Estoy convencida que expresar críticas y visibilizar las malas prácticas de funcionarios públicos, lejos de constituir un delito, representa un derecho constitucional y una legítima responsabilidad ciudadana», argumentó Menchú.
Por su parte, la red de periodistas explicó que a las 07:00 hora local, aún los trabajadores de elPeriódico permanecían retenidos, luego de la irrupción abrupta en los talleres de ese medio y en la casa de Zamora.
Este permanece hoy en Torre de Tribunales a la espera de que le confirmen los cargos, según la Feci, por un supuesto caso de lavado de dinero bajo reserva.
Sin embargo, la información fue filtrada a grupos de netcenters que de inmediato comenzaron a atacar al presidente de elPeriódico, quien cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Acompaña a Zamora para garantizarle el respeto al debido proceso y su integridad física, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
En sus primeras declaraciones a la prensa, el detenido expresó que «se trata de una persecución política».
La Asociación Guatemalteca de Periodista (AGP) y su Comisión de Libertad de Prensa rechazaron las acciones, las cuales «remarcan la instauración de un Estado dictatorial y son una venganza por las investigaciones y publicaciones del medio para evidenciar los actos de corrupción del Ministerio Público, la Presidencia y el Congreso».
La víspera, la AGP presentó su informe de medio año, con el cual advirtió que persiste el retroceso a la libertad de expresión y de prensa en Guatemala, así como la criminalización de los medios de comunicación.
Según el texto, desde el Estado se impulsa una campaña de persecución en contra de periodistas, voces críticas al régimen y participantes de las manifestaciones ciudadanas, lo cual se refleja, entre otras acciones, en los procesos de criminalización iniciados por el MP y apoyados por el Organismo Judicial.
Las estadísticas de la organización dan cuenta de 66 actos de restricciones, violencia o agresiones en contra de periodistas y medios en el primer semestre de este año y la cifra sube a 350 desde enero de 2020, cuando Giammattei asumió el poder, hasta junio último.
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