La última vez que fue visto con vida fue el 1 de agosto de 2017, en el marco de un operativo irregular de la Gendarmería Nacional, avalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad. El 17 de octubre de ese año su cuerpo fue hallado en el Río Chubut, señaló ese organismo.
En ese entonces, el país se encontraba bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y la titular de esa cartera del Estado era Patricia Bullrich, actual dirigente del Partido Propuesta Republicana.
Quienes estaban a cargo del Gobierno adoptaron diversas acciones para legitimar la represión, obstaculizar la búsqueda de la verdad, estigmatizar a la víctima y perseguir y hostigar a sus familiares, aseveró la SDH en un comunicado difundido en Twitter.
Cinco años después, la justicia no avanza en la investigación de los hechos ni en la determinación de los responsables directos y mediatos, indicó.
Esta tarde, organizaciones sociales y familiares de Maldonado denunciarán en la capitalina Plaza de Mayo la impunidad de los implicados, el ocultamiento de pruebas y el incumplimiento del debido proceso.
Además, demandarán que el hecho sea tratado como una desaparición forzada.
En declaraciones a la agencia de noticias Télam, el hermano de Maldonado, Sergio, aseguró que la causa está paralizada en la Corte Suprema desde 2020, no hay procesados y el magistrado Gustavo Lleral violó los pasos establecidos para impedir que la verdad saliera a la luz.
Lleral dictaminó que Santiago murió por ahogamiento y eximió al gendarme Emmanuel Echazú, implicado en la represión contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en aquel año.
Sergio denunció el amedrentamiento de los testigos y la negativa a incluir el testimonio de una integrante del personal de salud del Escuadrón 36 de la Gendarmería, quien ofreció detalles relevantes.
“Conocemos a otras personas que pueden aportar un montón de información, pero ¿cómo hacemos si no hay un juez que investigue?», cuestionó.
Además, enumeró irregularidades como la adulteración de los libros de actuación de las fuerzas, la presentación de grabaciones incompletas sobre el operativo, la quema de evidencias, el espionaje a él y su familia y la falta de análisis de las contradicciones en las declaraciones de los oficiales, entre otras.
Por su parte, el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Manuel Tufró, señaló que «la desaparición y muerte de Maldonado se dio en el contexto de un plan implementado por el Gobierno de Macri para reprimir a la comunidad mapuche».
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